La fábrica de General Motors en la ciudad de Valencia, fue inesperadamente tomada por las autoridades públicas, previniendo de sus normales operaciones, y creando un efecto dominó para la industria automotriz venezolana, que va de la mano con la caótica situación del país.
Con este arbitraria medida, la automotriz cerró sus operaciones en Venezuela, dejando al gobierno con la primera nacionalización de las operaciones de una compañía importante en el país, en más de dos años.
En un comunicado de GM, este dice que «rechaza enérgicamente las medidas arbitrarias adoptadas por las autoridades y tomará enérgicamente todas las acciones legales, dentro y fuera de Venezuela, para defender sus derechos».
Según medios allegados al gobierno, la confiscación derivó de una demanda presentada hace casi 20 años por un ex concesionario de General Motor de Venezuela.
Este concesionario exigía a GM una compensación por daños y perjuicios de 476 millones de bolívares, unos 665 millones de dólares al cambio oficial, pero 115 millones en el mercado negro.
En la semana una corte menor había ordenado la confiscación de la planta de General Motors, las cuentas de su banco y otros bienes en el país.
GM dijo que planea pagar los beneficios de separación a los trabajadores de acuerdo a la ley venezolana. La automotriz empleaba a 2.678 trabajadores y tiene 79 distribuidores en el país con más de 3.900 trabajadores.
Operar en Venezuela ha sido un esfuerzo costoso por años. GM tuvo que desembolsar US$ 720 millones en 2015 y US$ 419 millones un año antes, relacionados a la devaluación de la moneda y deterioro de sus activos en Venezuela.
Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela está experimentando la peor recesión en décadas, con el producto interno bruto cayendo un 10 por ciento en 2016.
La industria automovilística se ha derrumbado, con las ventas cayendo un 92 por ciento en marzo, ya que la escasez de dólares ha hecho subir los precios de los autos nuevos, más allá del alcance del pueblo.
A pesar de un acuerdo alcanzado por primera vez con Ford Motor en 2015, que permitió al fabricante vender algunos modelos en dólares, las restricciones cambiarias continúan afectando a los fabricantes de automóviles en Venezuela. El acuerdo se extendió el año pasado con GM, Fiat y Toyota.
Según este acuerdo, los venezolanos pagarían a los concesionarios dólares por materiales de producción importados del extranjero y bolívares para cubrir los costos de ensamblaje local de vehículos.
Tanto las automotrices, como las empresas extranjeras que operan en Venezuela, se han visto afectadas por las interrupciones causadas por la escasez de bienes, las huelgas y las redadas policiales.